Por José Buendía Hegewisch
El acuerdo para extender la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por medio año abre un nuevo trayecto del caso Iguala, en el que se conoce el punto de partida, pero no el puerto de desembarco.
El gobierno mexicano y la CIDH han explicitado un decálogo de compromisos para la cooperación en la investigación de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero parecen menos claras las expectativas sobre el control de mando de la averiguación y los resultados del caso que tiene en la picota las instituciones de justicia. Su condición parece la de viajeros que comparten barco con destinos diferentes y con boleto de regreso por si se extravía la ruta.
El gobierno de EU y la comunidad internacional de derechos humanos han celebrado la permanencia del GIEI en México, mientras persisten señalamientos por falta de avances significativos contra la impunidad, por ejemplo, del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, Christof Heyns.
La participación del GIEI asegura mantener abierto el debate sobre crímenes como la desaparición de personas, ayudar a corregir deficiencias con la investigación y enfocar el escrutinio internacional sobre los derechos humanos a las entrañas de la operación de las instituciones de justicia. La estrategia confía en la presión internacional para la transformación de las instituciones de seguridad antes de declararlas in articulo mortis. El referente es la comisión contra la impunidad que el gobierno guatemalteco pactó con la ONU cuando reconoció que era incapaz de luchar contra la corrupción, como han pedido aquí grupos de derechos humanos.
El gobierno rechaza esa perspectiva por considerar que el Estado cuenta con fuerza y capacidad interna para reformar las instituciones de seguridad y justicia, aunque hay una crisis de confianza que evidenció la profunda fractura de Ayotzinpa y otros casos de graves violaciones a los derechos humanos en el orden jurídico.
La paradoja de la situación es que las autoridades mexicanas no necesitan estar en el “banquillo de los acusados”, pero requieren del referente internacional para relanzar una investigación tan emblemática y visible como el caso Iguala para recuperar credibilidad hacia sus acciones. Al respecto, son ilustrativas las declaraciones del secretario de Gobernación, Osorio Chong, tras llegarse al acuerdo con la CIDH cuando pidió dejar de culpabilizar al Estado por la desaparición de los normalistas y esperar ganar con GIEI la confianza de las víctimas para aceptar las conclusiones.
El gobierno está dispuesto a mantener la investigación abierta, también a rectificar el proceso para lograr una narrativa sobre el caso que cure el “cisma en el alma” —para citar a Diego Valadez esta semana en Reforma— que hay en las instituciones por la casi nula rendición de cuentas, discrecionalidad, corrupción y violencia. Si el GIEI dice que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocúla, como concluía la “verdad” oficial, que “digan dónde y cómo sucedieron los hechos”, reclamó Osorio.
Pero el compromiso explícito de la CIDH es sólo relanzar la búsqueda y abrir nuevas líneas de investigación, mientras que la PGR conservará el control sobre la investigación. Las diferencias en las expectativas y en los medios para alcanzarlas pueden hacer de éste un viaje, aunque pactado, con diferentes itinerarios y destinos. Y en el que la presión o incumplimiento de compromisos acordados, como la entrevista a militares del 27 Batallón de Iguala, convenza a uno u a otro de que no hay condiciones para seguir en el mismo barco. Ya veremos.
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