Fermín García/ Cuitlatlán/ La Jornada de Oriente
El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas sí es responsable directo del linchamiento de dos encuestadores en Ajalpan, no solamente por la negativa de prestar auxilio oportuno al ayuntamiento de esa comunidad para contener a la turba que sacó de la cárcel local a los jóvenes hermanos Abraham y Rey David Copado Molina, para ser acuchillados e incinerados, sino porque a lo largo de los últimos cuatro años se ha desmantelado el aparato de seguridad pública, de procuración de justicia y se ha debilitado a las policías municipales por órdenes del titular del Poder Ejecutivo.
La violencia irracional que se vivió hace tres días en Ajalpan no es un caso aislado, sino de diferentes formas se ha observado este año en por lo menos 20 municipios del estado, en donde han existido intentos de linchamientos, asesinatos de presuntos delincuentes por justicia propia de los pobladores y agresiones contra alcaldes, regidores y agentes de seguridad pública.
Todo ello es consecuencia de una histeria colectiva de la población en la cual domina la idea –con sobrada y justificada razón– de que si la gente no se hace justicia por su propia mano nadie hará justicia por los ciudadanos que sufren los embates de la delincuencia.
Ese sentimiento es resultado de la decisión de Moreno Valle de mandar a cerrar agencias del Ministerio Público, de reducir drásticamente el número de policías ministeriales y preventivos, y sobre todo, por marginar el desarrollo y profesionalización de las policías municipales. Todo por el afán del gobernador de reducir los gastos corrientes y dirigir los recursos públicos a financiar actividades políticas en torno a su proyecto personal de ser candidato presidencial en 2018.
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