Por Gustavo Santín
Derrotados en medios masivos de comunicación por una suspensión de actividades que, supuestamente, “habría” sido acatada sólo por el 4 por ciento de los maestros y maestras en todo el país, amenazados monetariamente por incurrir en una falta injustificada, presuntamente despedidos por no presentar la evaluación diagnóstica, subordinados por la “sociedad organizada” y por la “ley” a los intereses superiores de niñas, niños y adolescentes, cuando de defender sus derechos laborales se tratara, culpados por la “mala educación” que reciben los y las menores y por los malos resultados que éstos obtienen en las pruebas nacionales e internacionales que les aplican, calificados como “una minoría irresponsable” que antepone sus intereses a los de las y los menores, responsabilizados por una función, la de educar, que corresponde a la sociedad y a la Nación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la oposición a la reforma educativa, sin embargo, perviven a pesar de las descalificaciones y de la glorificación que esos mismos medios hiciesen de Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública (SEP).
La campaña mediática desplegada por Nuño y la SEP tuvo pronta respuesta a través de redes sociales, en las que maestras y maestros de base, integrantes de la CNTE y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacaran la adhesión de maestras, maestros y personal de apoyo y asistencia a la educación, al paro nacional (12-10-2015).
La realización, “actividades de protesta” en 24 entidades, la suspensión de actividades escolares en dos de cada tres escuelas en Oaxaca y, en el 50 por ciento de escuelas de educación básica, de media superior y normal en Michoacán, toma de oficinas públicas, bancos, instalaciones de Pemex, casetas, carreteras en estas dos entidades y adicionalmente en Chiapas y Tabasco, el bloqueo de centros comerciales, gasolineras.
Mediantes páginas de Facebook que les son propias, se mofan de Aurelio Nuño Mayer y estiman el anuncio del despido de 291 mentores que no presentaran el examen diagnóstico como una farsa, al no proporcionarse nombres de quienes fueron afectados, y señalan que, en todo caso, se trata de aviadores o de personal fallecido y una muestra del carácter “punitivo” de las evaluaciones.
Tal pareciera que se tratase de una guerra santa en la que se enfrentan justos contra villanos, píos contra impíos, defensores a ultranza del derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad, en contra de quienes, señalan, con sus actos se contraponen al ejercicio de uno de los derechos humanos fundamentales de los educandos y no, de la oposición de un sector del magisterio nacional a una reforma educativa que relega indefinidamente la transformación de los planes y programas de estudio de educación básica y normal, subordina derechos laborales adquiridos a un interés superior de la infancia, hasta el grado de someterlos a leyes de excepción (Ley General del Servicio Profesional Docente), desconoce responsabilidades logísticas, de infraestructura, de servicios y financieras de la administración pública, a pesar del anuncio publicitario y de la firma del Programa Reforma Educativa con el que se pretende se rehabilitar en tres años, al 25 por ciento de los edificios escolares públicos, proyecto que tendría mas visos de ser una plataforma política que una intención de inversión permanente de gobierno.
Sin embargo, al parecer, algo anda mal, Nuño abusa de la retórica y deja de lado el ejercicio de la política. Cierto, que aparentemente a los “justos” les privaría una razón “superior” reconocida, incluso, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), plasmada en tratados internacionales ratificados por México (Pacto de San José) y que serían una gran mayoría encabezados la administración en turno, por organizaciones civiles pro empresariales y partidos políticos aglutinados en el Pacto por México, y que contarían, señalan, con el beneplácito y el agradecimiento de madres y padres de familia; y que quienes son trabajadores de la educación disienten al defender la estabilidad de su empleo y principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (no aplicación retroactiva de la ley cuando afecta intereses de los involucrados), son presentados como los villanos, una minoría de la plantilla de personal docente con esta categoría que antepone sus mezquinos intereses a los de niñas, niños y adolescentes.
No obstante, ésta minoría que aglutinaría, cuando menos, a más de doscientos cincuenta mil docentes en entidades del norte, centro y sur de la República, es capaz de expresarse políticamente mediante movilizaciones sociales que trastocan el orden social establecido, a pesar de amenazas y castigos, y si bien no han tenido la fuerza para revertir políticas públicas, si ha logrado demostrar que los cambios promovidos por la administración de Enrique Peña Nieto son ajenos a quienes deberían instrumentarlos en la práctica mediante el ejercicio de su profesión.
No cabe la menor duda, pero, a pesar de la presunción de la fuerza mostrada ante los medios de comunicación masiva, Nuño está perdido. Pasa fácilmente de llamados públicos al dialogo, a la promoción de una alianza incondicional con la dirigencia del SNTE que perpetúa el manejo patrimonialista de la SEP y la vigencia de innumerables abusos, a la amenaza a un magisterio disidente que reclama inclusión para rediseñar medidas que afectan, sí a intereses laborales, pero también a principios programáticos y de doctrina.
No es tan simple, no todo se reduce a un enfrentamiento de justos contra villanos ni de buenos contra malos ni de avasallar a quienes se considera minoritarios.
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