Por José Buendía Hegewisch
Las revelaciones del video de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán fortalece la tesis de que el gobierno no puede contra la impunidad ni en los espacios confinados de su estricta jurisdicción y control como las prisiones.
El agujero en la bañera de la celda 20 del penal de máxima seguridad es otro “boquete” en la línea de flotación de su capacidad para procurar seguridad y justicia a todos por igual en el país.
En efecto, la grabación corrobora la complicidad en la evasión de guardias que ignoraron el operativo a martillazos para liberarlo bajo el piso de la cárcel. Pero tan grave como esto, la filtración habla del descontrol de instituciones porosas y sacudidas por la insidia política, de quienes creen beneficiarse de otro golpe a la confianza pública, no solamente a hacia el gobierno, sino también en general a la aplicación de la ley: ¿quién gana con esto?
Las explicaciones del comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, sobre la reserva del video en la averiguación oficial, hasta su análisis por los peritos, son poco convincentes para acallar el reclamo de que el gobierno ocultó su existencia al Congreso. Ahí están las declaraciones de su antecesor, Monte Alejandro Rubido, negando que hubiese una grabación con audio del momento de la fuga. Las acusaciones del senador Alejandro Encinas de que el gobierno mintió con elementos probatorios, profundiza el descrédito en la investigación y en la desconfianza que desde un principio generó la fuga.
Tampoco parece demasiado creíble la respuesta de la Procuraduría General de la República de investigar y castigar a los responsables de la filtración, cuando el actor principal, otra vez, escapa a su recaptura por parte de la Marina en días pasados.
Desde su fuga del penal de alta seguridad de Almoloya, el máximo líder del Cártel del Pacífico (“patrón” en la prisión) simboliza el poder del dinero y la corrupción para torcer la justicia. Su caso es ejemplar para visibilizar, de forma contundente, el grave problema de impunidad de casi la totalidad de los delitos (98%), como la ONU lo percibió en su reciente visita a México.
La cuasi nula confianza en la aplicación de las leyes es denominador de la mayoría de los problemas que se acumulan en la agenda pública, desde inseguridad por el crimen, violaciones a los derechos humanos, implementación de la Reforma Educativa o el Sistema Nacional Anticorrupción.
No obstante, la visibilidad de todos estos asuntos refleja un intenso debate sobre la capacidad de transformación interna de las instituciones, para lograr que las reglas obliguen, protejan y sancionen a todos por igual, como proponen reformas constitucionales que se suceden desde 2008 en materia penal o de derechos humanos. La cuestión es que esas reformas de gran calado, como se dice con burla, no operan como “leyes vudú” en las que clavando alfileres sirvan para transformar la realidad.
En este debate, ello da lugar a posiciones que se inclinan por esquemas en que la presión y supervisión internacional tengan un papel central contra la impunidad, como la comisión internacional que se creó en Guatemala en 2006 entre su gobierno y la ONU para investigar y procesar a grupos ilegales y clandestinos de seguridad.
La preocupación por la desconfianza hacia las instituciones refleja aires de un proceso de cambio en marcha, aunque el ritmo es demasiado lento, por ejemplo, en la reforma policiaca aún sin nivel para sustituir a los militares en la lucha contra el crimen o la dilación de los juicios orales en estados donde aún no ha comenzado, como Sonora, a pesar de que el plazo de la reforma penal es 2016.
En este contexto, la evasión y filtraciones sobre El Chapo hacen saltar la duda, por ejemplo, de si las instituciones podrán con otro caso paradigmático de la justicia como las más de 26 mil desapariciones forzadas en los últimos nueve años, si ni siquiera pueden procesar a El Chapo.
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