Por Gustavo Santín
Las cuentas alegres que menciona Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, no cuadran. Se escuchan bien pero despiertan suspicacia entre maestros y maestras, sobre todo cuando realizan algunas operaciones aritméticas elementales.
Reconoce Nuño que acompañar académicamente al personal docente, sujeto al escrutinio de las evaluaciones previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, es una obligación del Estado y que, para lograrlo, se incrementó en un 100 por ciento el monto asignado al rubro de Formación Continua en el Proyecto de Egresos de la Federación 2016.
Daría la impresión, visto en porcentajes, que el esfuerzo de la administración sería significativo, sin embargo, el aumento denotaría, en el mejor de los casos, destinar la “fantástica” suma de 400 pesos anuales por cada uno de los y las mentoras de educación básica y de 20 pesos por cada uno de los y las docentes adscritas al nivel de media superior, en sustitución de los 200 y de los 10 pesos asignados en 2015.
400 pesos le servirían al personal docente para comprar medio libro de los que las editoriales especializadas en pedagogía o educación les ofrecen, o para sacar 133 fotocopias de algún texto de consulta, fundamentalmente de las que abordan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación -que son los más caros-, pagar el Internet de su domicilio por espacio de tres semanas, adquirir 40 periódicos en un año o una revista “por única ocasión”, o abordar en 66 ocasiones algún sistema de transporte que lo llevase a algún centro de maestros.
Estar cerca de maestros y maestras, de madres y padres de familia, de niños y niñas y visitar escuelas, le robaría momentos importantes del tiempo rutinario del ejercicio de sus funciones, si lo que difunde no fueran más que declaraciones elaboradas para ser propaladas por los medios de comunicación.
A la administración de Enrique Peña Nieto le restan tan sólo 157 semanas de vida, 151 semanas hábiles de trabajo académico, 1140 días naturales y aproximadamente 600 días escolares, en los que podría reunirse, si se tratara de una sesión por semana, con menos del 1 por ciento de los casi un millón de docentes de educación básica y de los casi cuatrocientos mil docentes de media superior, con 151 asociaciones de padres y madres de familia de 151 escuelas de las 100 mil instituciones de educación básica, reconocidas por el “Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial”, el 0.00001 por ciento del total.
Si en los 151 de hábiles destinados a este efecto, visitara 3 escuelas por día, el número de planteles se elevaría a 453, número que, incluso así planteado, no alcanzaría un porcentaje cercano al 1 por ciento. Si destinara los 600 días de actividades escolares sólo a esta finalidad, agendando una visita a tres planteles por día, la cifra se elevaría a mil 800 planteles y lograría un porcentaje del 0.02 por ciento.
Los planeadores de la oficina de Nuño podrían cumplir con el objetivo de visitar tres escuelas en las zonas urbanas, en las que se atiende al 80 por ciento del alumnado en edad escolar. Sin embargo, se enfrentarían a graves problemas logísticos cuando, por motivos de justicia social, equidad e inclusión, tuviese que visitar escuelas ubicadas en zonas rurales o a algunas de las escuelas comunitarias ubicadas en 45 000 localidades con menos de 500 habitantes, a muchas de las cuales podría llegar sólo a lomo de mula. todo un reto.
De la misma cuenta, el Programa de Reforma Educativa que pretendería invertir 75 mil millones de pesos en 100 mil escuelas de educación básica, permitiría gastar, si las cuentas y la venta de los bonos de infraestructura salieran con números rojos, 25 mil millones de pesos anuales, 750 mil pesos por escuela en tres años, 250 mil pesos anualmente, para instituciones que,en el caso de las escuelas urbanas, requieren en un 80 por ciento mantenimiento mayor y que, para lograr el objetivo de prestar un servicio de educación integral y de calidad, demandarían lo mismo que las escuelas rurales y comunitarias que laboran sin piso, techo firme con paredes de lámina y carrizo, la readecuación y la creación de espacios educativos mínimos, la actualización y creación de talleres y laboratorios, espacios deportivos y los destinados a la enseñanza de la educación artística, lo mismo que los espacios administrativos, lo mismo que sanitarios y plaza cívica.
Pero las cuentas siguen sin cuadrar, de los 75 mil millones de pesos anunciados por Nuño Mayer, 50 mmp provendrían de la venta de Bonos de Infraestructura Educativa (Certificado Bursátil Fiduciario) en la Bolsa Mexicana de Valores, y 25 mil millones de pesos del presupuesto regular que la administración de Enrique Peña Nieto destinase al Programa de Reforma Educativa en los ejercicios 16, 17 y 18. 8 mil 333 millones de pesos anuales, en los próximos tres ejercicios presupuestarios, 766,085,063 más que los 7,567,248,270 asignados al Programa de la Reforma Educativa (U082) que absorbe los montos asignados anteriormente a los “Programas Presupuestarios U074 ‐38.48 Escuelas Dignas y S029 Escuelas de Calidad”.
La operación del programa a cargo del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa es otro cantar, la asignación de los contratos, mediante el procedimiento de licitación pública nacional, disminuiría los recursos previstos a la dignificación y construcción de espacios educativos, si se tomara en consideración que la empresas beneficiadas esperan una ganancia que rondaría alrededor del 20 por ciento del monto total de las obras concursables, más los costos de administración y de traslado para de un ejército de supervisores de obra pública que requerirá el Instituto. Lo dicho, las cuentas no cuadran.
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