Por Carlos Ramírez
Tres noticias que tienen qué ver con las fuerzas armadas definen la agenda de seguridad pendiente:
1.- Un juez civil determinó la libertad de cuatro militares que estaban acusados de haber ejecutado extrajudicialmente a delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Será el primer caso simbólico de militares sometidos a leyes civiles, como lo exigieron organismos internacionales.
2.- Diputados priístas tomaron la iniciativa de homologar el marco legal de las fuerzas armadas, que tiene años de rezagos. Hasta ahora, las fuerzas armadas cumplen con el requisito constitucional de participar en labores de seguridad interior, pero sin que exista una ley reglamentaria. El actual congreso debe legislar sobre seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, doctrina de defensa nacional y leyes de espionaje e inteligencia.
3.- El general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue muy claro ante los diputados: los militares tienen una función legal y no existen razones para comparecer ante organismos internacionales como la CIDH. Asimismo, enfatizó que los militares no participaron en la crisis de Iguala-Cocula-Ayotzinapa y nada tuvieron que ver con la tragedia. Mañosamente, la CIDH quiso endosarle al ejército la crisis de seguridad que fue responsabilidad de la autoridad municipal del PRD.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por un error de gestión del gobierno mexicano, se ha querido meter hasta la cocina de la política interior de México, para dictaminar qué sí y qué no debe hacerse en derechos humanos. El caso de Iguala-Cocula-Ayotzinapa revivió el tema de los derechos humanos, pero el informe del grupo de investigadores de la CIDH fue tergiversado por intereses políticos mexicanos del secretario ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza.
Una vez que fracasó el reporte en culpar al sistema de seguridad y con una indagatoria deficiente y superficial, la CIDH enfiló sus baterías contra las fuerzas armadas, que nada tuvieron que ver con el incidente criminal, donde un alcalde del PRD ordenó a su policía municipal detener a los normalistas y entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos. El ejército ya entregó información oficial probatoria que el caso de Iguala fue local.
La campaña de la CIDH de la OEA tiene un contexto poco analizado: responde a los intereses de E.U., tiene que ver con la decisión de Washington de permitir la legalización de la droga, ocupa a México como principal abastecedor de droga ilegal del mercado estadunidense y oculta el hecho de que la droga producida en México entra a territorio americano vía la corrupción de policías, autoridades aduanales y funcionarios locales.
El principal interés de la comunidad de seguridad nacional de E.U. radica en su objetivo de subordinar a las fuerzas armadas mexicanas a las prioridades estadunidenses; sin embargo, las fuerzas armadas mexicanas se han negado a la penetración militar de Washington. Ahí se localiza la tarea de los organismos institucionales de la OEA como la CIDH para doblegar la soberanía mexicana en materia militar; por tanto, las presiones para sacar a las fuerzas armadas de la seguridad interior, ante la amenaza de los cárteles criminales transaccionales manejados desde E.U., usan los derechos humanos como pretexto.
La agenda de la seguridad interior-nacional-pública, soslayada por el congreso, requiere urgente atención y solución para la lucha contra el crimen organizado.
Sólo para sus ojos:
•Quién entiende: tanto exigieron grupos que los militares fueran sometidos a la justicia civil y ahora que la justicia civil libera a cuatro soldados por Tlatlaya salen las críticas.
•Un dato conocido: Otto Granados Roldán, nuevo subsecretario de Educación, fue secretario particular de Jesús Reyes Heroles en la SEP. O sea que sí sabe del tema.
•La reorganización de dependencias públicas en todos los niveles tiene un tufo a sucesión presidencial, no a búsqueda de eficacia en sus funciones reales.
•Dudas: ¿Le entrará Luis Felipe Bravo Mena a la lucha contra la corrupción dentro del PAN, donde hay verdaderos peces gordos involucrados en el cobro de comisiones para asignar presupuestos públicos?
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