Por José Buendía Hegewisch
El cada vez mayor cuestionamiento al reparto de cuotas entre partidos para la asignación de cargos públicos es proporcional al descrédito de las instituciones. El enojo que causa la insatisfacción que deja y la proyección de dudas, son misiles al cuarto de máquinas del modelo de negociación política que conculca el pluralismo en un coto cerrado de poder entre los principales partidos. Y que, en buena medida, explica la crisis de credibilidad que atraviesa el ejercicio del poder en los tres niveles de gobierno, pero especialmente grave en la procuración y administración de justicia.
Desde luego, uno de los centros neurálgicos capaces de mandar una señal que contenga la hemorragia de desconfianza en las autoridades es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los próximos días, el presidente Peña Nieto tendrá que presentar al Senado dos ternas con propuestas para sustituir a los ministros, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, que concluyen su periodo.
El relevo en la Corte puede ser oportunidad para hacer creíble esa sentencia de que “ya no podemos seguir así”, cada vez más extendida en todos lados, comenzando por los juzgadores, ¿cuál el perfil?, ¿las garantías de no politizar el procedimiento?
La designación de dos nuevos ministros tendría que someterse, como sucede, por ejemplo en Estados Unidos, al más amplio escrutinio público, aunque la propuesta la haga el Ejecutivo y apruebe el Senado. Asociaciones de jueces y magistrados han solicitado a Peña Nieto ternas con perfiles que, en apego a la Constitución (artículo 95), estén “desvinculadas de cualquier influencia política que pueda afectar la imparcialidad e independencia” del Poder Judicial.
Por su parte, grupos de ciudadanos y académicos demandan una auscultación abierta y recogen firmas para evitar candidatos ligados a partidos o subordinados al Ejecutivo. Su exigencia se resume en un procedimiento transparente y razonado “sin cuotas, ni cuates”. Y tiene como antecedente la controversia por el nombramiento como ministro de Eduardo Medina Mora, exembajador en Washington, un hombre del círculo cercano de Peña Nieto y que concitó una de las mayores protestas en plataformas digitales.
El cuestionamiento pone de relieve el papel clave de la Corte para la democracia como tribunal constitucional y garante de los derechos fundamentales, cuando el país enfrenta la peor crisis de la época moderna. Sus integrantes son guardianes de la Constitución y la última palabra en controversias en asuntos como la despenalización del aborto, matrimonio igualitario o conflictos políticos como la privatización de energéticos.
Aunque en los hechos el contrapeso del Poder Judicial y el control constitucional de la Corte frente a las decisiones del Ejecutivo y las leyes del Congreso, se debilita con el reparto de cuotas partidistas en el interior de su pleno.
El error o la suspicacia surgió esta vez con la solicitud de licencia hace un año del senador del PRI, Raúl Cervantes, con miras al relevo en la Corte. Se inscribe en un pacto que podrían haber hecho el PAN y el PRI para allanar el camino al excoordinador de asuntos jurídicos del CEN del PRI, a cambio de dar la otra vacante al expresidente del PAN,Germán Martínez. Las versiones sobre el reparto de cuotas incluye hasta la impugnación panista de la elección en Colima, en la que compitió su excoordinador en el Senado, José Luis Preciado.
Huelga decir que el acuerdo entre partidos para asignar vacantes en la Corte es un golpe a la legitimidad del Poder Judicial. Pero, sobre todo, sería otra prueba más de insensibilidad y arrogancia de la clase política frente a la preocupación por la justicia e impunidad que recorre el país.
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