Por Gustavo Santín.
Responsable de implementar la Reforma Educativa y de las políticas públicas en materia educativa, como se reconoce, auto-descartado como precandidato a la presidencia de la República en el 2018, defensor a ultranza del mecanismo con el que presuntamente se financiará la mantenimiento, reparación y la construcción de nuevos espacios educativos, Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública de la administración de Enrique Peña Nieto, delinea un programa de trabajo ante tres conductores de un programa de televisión (http://goo.gl/geYHqY), que permitiría evaluar el éxito de la reforma educativa a través de algunos indicadores, entre los que destacarían, según su dicho: infraestructura, evaluación, gestión escolar, planes y programas de estudio.
Tras reconocer, ante cuestionamiento de Héctor Aguilar Camín, la “falta de calidad física de las escuelas”, Nuño Mayer precisa que, producto de la aplicación del Censo (Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial), la administración educativa sabe que en el país existen “260 mil escuelas desde preescolar hasta educación universitaria”, que de ellas 100 mil prestan servicios en educación básica (educación preescolar, primaria y secundaria).
Enfatiza que 11% de las escuelas a nivel nacional “no tienen baños”, porcentaje que se elevaría “hasta el 30″%” en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Señala que para mejorar la infraestructura física y construir nuevos planteles la administración de Enrique Peña Nieto, anuncio un programa “con una inversión de 50 mil millones de pesos, así como la emisión en la Bolsa Mexicana de Valores de Infraestructura Educativa” (Certificado Bursátil Fiduciario), que permitiría mejorar “hasta 50 mil planteles” en los próximos tres años, el 25% de los existentes en el país, mediante recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples que las entidades aportarían los próximos 20 años, convenio de por medio entre gobiernos locales y el federal, para integrar un fideicomiso que permita el programa más ambicioso en materia de infraestructura escolar.
El recurso, precisa Nuño, llegaría directamente a las escuelas seleccionadas previamente de manera coordinada con las autoridades educativas locales, para ser ejercido por los miembros de la comunidad escolar.
Destaca el reconocimiento del ejercicio de los recursos mediante el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inife), tan cuestionado por las autoridades educativas estatales, el abandono de prácticas comunitarias en beneficio de la comunidad educativa y la negativa a reconocer por parte de Nuño que, aunque fuesen recursos presupuestales asignados a las entidades que se gastarían de manera anticipada, constituyan deuda pública.
Si la evaluación docente fuese algo más que un mecanismo de ingreso, permanencia, promoción, reconocimiento salarial y de la mano con la autonomía de gestión convirtiera a la escuela en el centro de la reforma y el sistema educativo se encontrara a su servicio, como pregona Nuño Mayer, las cosas serían diferentes.
Las escuelas se convertirían, como pretende, en verdaderas comunidades de aprendizaje en las que una evaluación continua integral, mediante la que se midiese a las políticas educativas oficiales que afectan el funcionamiento de la escuela, a las condiciones de en las que se encuentran infraestructura, materiales educativos, talleres y laboratorios, lo mismo a personal directivo que al docente, sería sólo un medio para la mejora continua de alumnos, alumnas, maestros, maestras y personal directivo, quienes contarían con el auxilio comedido de madres y padres de familia.
Priorizaría que, entre todos ellos, de manera colegiada, tomasen decisiones que incluso abordaran el que estudiar, como hacerlo, con que recursos contar, a quienes acudir para resolver cuestiones del entorno escolar -como la seguridad pública y la vial-, a que autoridades acudir y como hacerlo.
Entonces sí, la evaluación sería contextualizada como se pretende, partiría de la escuela para servir a la comunidad. Lejos quedaría, promesa institucional enarbolada por Aurelio, la maraña de trámites burocráticos que exigen burócratas con uniforme de supervisor escolar /o jefe de sector, auxiliares técnico pedagógicos y autoridades educativas centrales.
Potestad de un solo personero, el secretario del ramo de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, la federación reserva la determinación de planes y programas de estudio de educación básica para la federación, según lo determina la fracción III del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, cuestión que como anunciara Nuño quedará pendiente, como el destino de la propia reforma, para la próxima administración.
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