Por Ilse Contreras
Alejandro del Castillo Saavedra, abogado de Elia Tamayo Montes, dijo que pedirán audiencia a la CIDH por la falta de cumplimiento del gobierno estatal de las recomendaciones sobre el caso Chalchihuapan, una de ellas la disculpa pública.
Lo anterior, lo dio a conocer durante una rueda de prensa, donde precisó que la disculpa pública exigida en el expediente 2VG/2014 de la CNDH tiene que ser por parte del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien ha omitido los protocolos internacionales, pues “tiene terror y pánico de eso”.
Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizado por las autoridades de Puebla no se ajustó a los estándares internacionales.
Reiteró que por ello solicitan la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que “solo le han dado vueltas al caso”.
Reparación del daño debe ser moral: Tamayo
Ante la pregunta de la prensa sobre si el gobierno del estado entregó 1.5 millones de pesos para indemnizar a Tamayo Montes, madre del menor asesinado José Luis Tehuatlie Tamayo a raíz de la protesta del 9 de julio de 2014, respondió que el tema económico es una “cortina de humo” sobre la falta de cumplimiento de las recomendaciones que emitió la CNDH el pasado 11 de septiembre de 2014.
Por su parte, Tamayo Montes dijo que no ha recibido dinero por parte de la autoridad porque ello no repara el daño moral, “cómo me van a reponer el daño de un ser querido, jamás”.
Asimismo, del Castillo Saavedra exigió una explicación a la PGR sobre el caso de Facundo Rosas Rosas, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien fue señalado como principal responsable de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014.
“Vemos estas situaciones muy graves, porque si el gobernador no le da la cara a la ciudadanía para esas cosas, menos la va a dar para pedir una disculpa”.
CNDH sin notificar
Agregó que la CNDH “no se ha tomado la molestia” de notificar los incumplimientos por parte del gobierno del estado a más de un año de los hechos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan.
Finalmente, agregó que durante la visita de la CIDH, buscarán dar a conocer “la situación de represión y violaciones a los derechos humanos en Puebla durante la administración del mandatario”.
Cabe recordar que entre los puntos, cuyo cumplimiento queda pendiente, destaca que no se ha informado sobre las sanciones administrativas y penales impuestas a los servidores públicos involucrados, lo cual fue señalado en los puntos ocho, nueve y 10 del documento.
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