Por Alejandra Olivera
El líder vecinal del fraccionamiento Misiones de San Francisco, Pedro Carmona Romero, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) contra el ayuntamiento de Coronango, a cargo de Hermelinda Macoto Chapuli.
En entrevista, acusó que el gobierno municipal lo privó de su libertad por dos días, tiempo en que estuvo incomunicado, además, reiteró, le “sembraron” una navaja en las manos para acusarlo posteriormente. Agregó que hay represión en lugar de diálogo.
Señaló que este lunes el ayuntamiento tomó posesión de los tres locales ubicados en el área comunal de la sección 6 del fraccionamiento, pues estuvo resguardado por policías municipales, mientras trabajadores rotulaban el lugar con la imagen de la actual administración.
Indicó que la renta que se cobraba a quienes ocupaban los locales se utilizaba para el mantenimiento del parque aledaño,en el que los vecinos han invertido cerca de 20 mil pesos, y en el que ahora, Macoto Chapuli pretende reubicar el bachillerato del conjunto habitacional.
Por ello, exigió que se respeten las áreas verdes y comunes de quienes habitan en el lugar, que conforme a la ley corresponde al 30 por ciento, y que para la reubicacion del plantel educativo “compren un terreno”.
Asimismo, comentó que continuará con la búsqueda de mejores servicios e instalaciones dignas para el fraccionamiento, pues “es un derecho de todos”, por lo que insistió en que antes de pagar cualquier impuesto, se les tiene que municipalizar.
En ese sentido, admitió que la mayoría de los colonos no han querido pagar impuestos de predial, limpia, alumbrado público y agua potable, pues los servicios que reciben son deficientes y de mala calidad.
Ningún ayuntamiento se responsabiliza
Expusó que el ayuntamiento de Cuautlancingo cobra el servicio de agua potable, el cual “es bastante deficiente porque el líquido que suministra es turbio”, mientras que Coronango cobra el impuesto predial y el servicio de recolección de basura. En tanto, en el municipio de Panzacola, que pertenece a Tlaxcala, se tiene que pagar el servicio de electrificación.
“No sabemos a quien pertenecemos, pagamos en tres lugares, por eso queremos la municipalización para saber a quién le vamos a pagar y que sea lo justo, porque nuestras casitas, no rebasan ni los 50 metros cuadrados, estamos por debajo de las casa de interes social; no nos estamos negando a pagar impuestos, pero que sean costos justos, además queremos saber a quien reclamarle por los malos servicios y que respondan por ellos”.
Sin embargo, ninguna de las referidas administraciones ofrecen acciones de seguridad o de realizacion de obras que beneficien a la comunidad, “exigen su dinero pero no nos extienden un documento de que se tiene que brindar un buen servicio”, agregó.
Demandó que las autoridades municipales se sienten a dialogar con los vecinos.
Finalmente, agradeció a las organizaciones Cholula Viva y Digna, Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Asamblea Social del Agua (ASA), Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue), así como a Hortencia Herrera Ortega, excandidata a dipuatda federal por el distrito 10 de Cholula, por el apoyo que le han brindado.
Locales, del ayuntamiento
Por su parte, Macoto Chapuli aseguró que no ha recibido notificación de la queja interpuesta ante la CDH en Puebla por el líder vecinal, Pedro Carmona Romero.
Señaló que el “pretexto” de los vecinos es que no cuentan con la municipalización, por lo que el ayuntamiento no tendría que tener propiedades dentro del fraccionamiento; no obstante, arguyó que la constructora debió dejar al ayuntamiento un 20 por ciento de donación de espacios “independientemente de si se munipalice o no”.
Sin embargo, comentó que la constructora Geo no cumplió con esa cantidad dejando apenas el 8 por ciento; aseguró que tienen las pruebas necesarias para demostrar que tres locales y un parque son propiedad del municipio.
“Nadie está tratando de quitar algo que no pertenece, al contrario, lo que queremos es recuperar espacios (…) no queremos lucrar sino hacerlos de uso público”.
Por lo que, dijo, el local clausurado se convertirá en una biblioteca pública para la cual ya se tienen los libros provenientes de la Red de Bibliotecas Nacionales, mientras que el ayuntamiento dará el mobilario y equipo.
Sostuvo que las escrituras están a nombre del ayuntamiento, por lo que dudó que Carmona Romero cuente con un documento oficial similar, “la propiedad la tenemos, no se les esta quitando nada porque nunca les ha pertenecido”.
Asimismo, mencionó que el proceso de municipalización del fraccionamiento “es lento”, por los vicios ocultos que dejó la constructora GEO, no obstante destacó que su administración “ha estado gestionando en materia de educación y alumbrado para dar los servicios básicos”, concluyó.
