Por Marco Antonio Rovira Torres
¿Hemos perdido la vergüenza en México? Esta pregunta surge por la actitud cínica con la que buena parte de la clase política se enfrenta a las acusaciones de corrupción que salen a la luz cotidianamente.
Frente a estos señalamientos los políticos han optado por desaprobar a quienes los denuncian, sin presentar en contraparte argumentos que validen su supuesta inocencia; a responder de manera autoritaria ante los cuestionamientos; a hacer como que simplemente no escuchan; o en el mejor de los casos, a asumir una actitud que raya en el cinismo.
Los casos más recientes que se vienen a la mente respecto a esta última postura serían los del presidente Enrique Peña Nieto, y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quienes, en un espectáculo francamente surrealista, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade –nombrado por el mismísimo presidente para que lo investigara por sus posibles actos de corrupción–, exculpó a ambos públicamente por el conflicto de intereses en que presumiblemente incurrieron con la empresa constructora Grupo Higa, por la adquisición de sus respectivas mansiones con dicha empresa –la de la esposa del presidente, Angélica Rivera, valuada en 7 millones de dólares estadounidenses , y la de Videgaray en 7.5 millones de pesos– a través de operaciones que no quedaron del todo aclaradas.
Virgilio Andrade se limitó a describir su metodología para averiguar los tratos que ambos funcionarios pudieron haber tenido con las empresas –la cual, en buena medida, se basó en cuestionarios a empleados o exempleados de Peña y Videgaray–, así como a esgrimir el endeble argumento de que en el momento de adquirir sus respectivas mansiones estos no estaban ejerciendo funciones como servidores públicos, entre otras explicaciones por igual delirantes, ante las cuales no admitió mayores cuestionamientos.
Casi de inmediato, el presidente se lanzó a pedir una disculpa pública a la Nación –una disculpa por un crimen que se supone no cometió–, acto al que siguió la réplica del secretario de Hacienda.
Como quiera que sea, esta explicación dejó insatisfecho a más de uno, como se pudo comprobar de inmediato en las reacciones de la opinión pública, lo que refuerza la percepción reprobatoria que en el rubro de combate a la corrupción y transparencia ya arrastra de por sí el gobierno peñanietista ante buena parte del país, tal como ha quedado expuesto en diversas encuestas publicadas en diarios como Reforma o El Universal.
El colmo de este cinismo es la “explicación” que salió a dar el secretario Luis Videgaray, arguyendo que la compra de su mansión en Malinalco la realizó en parte con la venta de unas supuestas obras de arte que le pertenecían, negándose recientemente a declarar cuáles fueron éstas, o a quién se las vendió.
Ahora bien, el cinismo en la clase política mexicana no es cosa nueva, basta recordar la famosa frase del cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, quien por allá en los cuarenta declarara que en la política “la moral es un árbol que da moras”.
Lo realmente inquietante ante este panorama es la actitud de la sociedad. Si bien es cierto que las encuestas reflejan cierto malestar con el tema, estos escándalos no han derivado en grandes movilizaciones sociales que reflejen el hartazgo ciudadano, específicamente con este asunto. Las ha habido en cambio por la grave crisis de Derechos Humanos que vive el país, como sucedió tras la desaparición forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, o recientemente por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y 4 personas más en el Distrito Federal. Estas muestras de hartazgo son totalmente comprensibles y legítimas, pero la pregunta es por qué la corrupción no ha generado el mismo fenómeno.
Mientras que en Guatemala se viven días de profunda agitación política y social que incluso pueden llevar a la cárcel al actual presidente Otto Pérez Molina, tras haberse destapado una red de corrupción aduanera que apuntan directamente a su persona, o mientras en Brasil miles de ciudadanos han presionado enormemente a la presidenta Dilma Rousseff por los escándalos de corrupción en la paraestatal Petrobras, poniendo en jaque a su administración con enormes manifestaciones, en México esto simplemente no se ve.
Parte del la explicación del por qué pasa esto en el país puede deberse a factores culturales –la corrupción es un fenómeno casi tan viejo como nuestra historia misma–, a la deformación de los valores políticos modernos impulsados por el régimen altamente discrecional y corrupto de los gobiernos priistas de antaño, a la desilusión que trajo consigo la transición democrática del año 2000 en esta materia, a la falta de instituciones adecuadas para canalizar esta inquietud de la ciudadanía por combatir y castigar la corrupción, a la falta de voluntad de los propios políticos; pero también, y eso es quizá lo más grave aún, a que buena parte de la sociedad mexicana, al igual que la clase política, ha perdido ya la vergüenza en este tema, guardando un silencio cómplice que, junto con todos los demás factores, abonan el camino para seguir repitiendo el mismo circulo vicioso de corrupción e impunidad, cuyas nefastas consecuencias han afectado en todos los ámbitos el funcionamiento del país, destruyendo sus bases sociales, económicas, políticas, culturales y ecológicas.
Si los políticos han optado por el cinismo, la sociedad no puede darse el mismo lujo, por lo que hace falta algo más que encuestas para demostrar que este no es un país de sinvergüenzas.
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