Inicio » Primer Plano » Lo que dicen las columnas de México » Acusaciones contra gobierno de Morelos y corrupción de inmobiliarias

Acusaciones contra gobierno de Morelos y corrupción de inmobiliarias

El desastre en Morelos

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que la tragedia humana tiene cara de incompetencia y rivalidades políticas en Morelos. En el centro de la denostación e ira se encuentra el gobernador Graco Ramírez, pero no puede dejar de incorporarse en el cóctel lesivo a su esposa Elena Cepeda, descrita públicamente como déspota, y al comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, el detonador de la crisis política por la manera absurda y represiva con la que, para esconder las vendettas de su jefe, incendió la sensible pradera. El trío logró que en el momento de una de las peores crisis en el centro del país en los últimos 30 años, la indignación contra ellos fuera tan grande que distrajo la atención de las acciones de rescate y apoyo a una población devastada por el sismo del 19 de septiembre, los enfrentara y marchara sobre ellos. El gobierno de Ramírez se convirtió, en unos cuantos días, en un gobierno fallido.

El desastre de Morelos, narrado por personas que conocen los entretelones de la política estatal, comenzó el jueves, cuando Gabriel Rivas, exdiputado del PRD, actualmente vinculado a Morena y vocero de la Asociación Civil Morelense ‘Gustavo Alejandro Salgado Salgado’, entró a uno de los centros de acopio del DIF en Cuernavaca para sacar la ayuda y distribuirla directamente, porque no se estaba repartiendo. Para ese momento, llovían las acusaciones contra el gobierno, y en particular contra la señora Cepeda, de que estaban administrando la ayuda solidaria de la ciudadanía con fines electorales. No escapaba que el hijo de la señora Cepeda, Rodrigo Gayosso, quiera ser el candidato a gobernador que suceda a su padrastro.

La primera acción de fuerza contra Rivas, un agitador profesional, viejo amigo de Ramírez, con quien trabajó para la destitución del gobernador Jorge Carrillo Olea en los 90, fue alrededor de las cinco de la tarde del jueves. De acuerdo con el gobierno morelense, Rivas, junto con las Vicentinas –una orden de caridad de monjas, totalmente apolíticas–, habían impedido que un tráiler de ayuda de Michoacán pudiera ser descargado en las bodegas del DIF estatal. El reporte de la prensa es que la gente lo descargó y colocó agua y víveres en sus vehículos para distribuirlas en varias zonas afectadas en el estado. Ramírez acusó a Rivas de “asaltar” la bodega.

Lo que siguió hundió aún más al gobernador. La señora Cepeda, directora del DIF estatal -añadió la prensa de Cuernavaca- ordenó que la ayuda que llegara del país fuera almacenada en una bodega, y Capella comenzó a detener los tráileres. Una hora después de comenzado todo, el secretario general de Gobierno, Matías Quiroz Medina, escribió en su cuenta de redes sociales que “habían identificado” al líder de quienes liberaron los víveres, a quienes calificó de “saqueadores”. La señora Cepeda afirmó que denunciaría penalmente a los “saqueadores”. La ceguera política e insensibilidad de las autoridades morelenses se enfrentó con la decisión de la ciudadanía de confrontarlos.

Para el viernes, Cuernavaca hervía mientras el impacto del sismo comenzaba a mostrar los estragos en Morelos. Videos tomados por la gente mostraban toneladas de víveres en bodegas sin ser distribuidos. Para entonces ya era irrelevante si las imágenes correspondían al momento o no. La ira iba creciendo. Capella insultó a quienes llevaban víveres al estado, al instarlos a no hacer “turismo sísmico” y pedir que no viajaran al estado porque lo único que hacían era estorbar el trabajo que estaba haciendo el gobierno. A nadie importó. En varias partes de Cuernavaca hubo conatos de enfrentamiento entre ciudadanos y policías. Capella insistió en politizar los incidentes y acusó a trabajadores del municipio de Cuernavaca, a quienes nunca identificó, de ser los responsables de asaltar los tráileres, aunque horas después reculó y dijo que sólo eran rumores.

Aquí la columna completa

Los partidos no han entendido

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que después del shock, el rescate, la solidaridad y el heroísmo por los sismos del 7 y 19 de septiembre, inevitablemente vendrá la limpieza y reconstrucción de las zonas afectadas. Para que este proceso sea exitoso, se necesitan por lo menos tres factores: consenso político, gobiernos eficaces y participación ciudadana. No quiero ser agorero del desastre, pero me temo que hay problemas en cada uno de estos temas.

Comencemos con el consenso político. Cuando un país tiene un evento de gran peligro para la seguridad de la sociedad —una guerra o desastre natural—, las distintas fuerzas políticas suelen unirse a fin de implementar, en conjunto, un programa de acción. En los regímenes parlamentarios, el gobierno en turno se disuelve para dar paso a uno de unidad nacional en el que participan la mayoría de los partidos. A un lado dejan sus intereses y agendas con el objetivo de darle prioridad a soluciones que permitan superar la emergencia.

En México, estamos lejos de eso. De hecho, estamos viendo exactamente lo contrario. La sociedad está demandando, por ejemplo, algo de sentido común: que los partidos contribuyan a la reconstrucción en los estados afectados entregando parte de los miles de millones de pesos que reciben de financiamiento público. Pero, en lugar de ponerse de acuerdo y salir todos los dirigentes de los partidos, junto con las autoridades electorales, a anunciar un acuerdo, cada uno está diciendo sus ocurrencias. Morena primero propuso la donación del 20% de los recursos de 2018. Luego lo subió al 50%. El Frente del PAN, PRD y MC elevó la barra al 100%. López Obrador, entonces, les tomó la palabra no sin antes insultarlos. El PRI, por su parte, planteó la donación inmediata de recursos de este año criticando, en el camino, a sus adversarios.

Es lo que menos necesitamos, pero se trata de una estampa perfecta del momento actual. Nuestra clase política no puede dejar a un lado sus diferencias ni siquiera después de una emergencia. No hay manera que se unan para resolver la reconstrucción en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Ciudad de México. Miles de familias en la calle y ellos, como siempre, peleándose.

Y es que las tres principales fuerzas políticas del país, antes de los terremotos, ya con un ojo en la elección de 2018, habían comenzado a implementar estrategias de polarización porque así les convenía a sus intereses electorales. El PAN le había declarado literalmente la guerra al gobierno y al PRI. López Obrador seguía con aquello de que todos los que no estuvieran con él eran parte de “la mafia del poder”. Los priistas, por su parte, atacaban a Anaya de corrupto y a AMLO de chavista mexicano.

Aquí la columna completa

19-S: la estafa inmobiliaria

Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que la industria de la construcción es, en México y el mundo, una de las más pujantes, de mayor inversión y creación de empleos, al grado que se considera “industria locomotora”: jala a las del cemento, acero, vidrio, aluminio…

Sin embargo, el 19-S también exhibió a esa industria como una de las más vulnerables, con mayor incidencia de corrupción y que, por los daños causados a miles de propietarios de departamentos viejos y nuevos, se puede convertir en la estafa del siglo.

¿Y por qué una estafa?

Está claro que ante la emergencias de los terremotos aún es imposible saber el número real de inmuebles de departamentos afectados; el número de ellos que quedaron inservibles —además de los que se derrumbaron—, los que sufrieron daños severos y aquellos que pueden ser reparados.

Tampoco se sabe cuántos de los inmuebles de departamentos —y cuantos departamentos—, contaban con seguro contra sismo, cuántos serán pérdida total y cuántos propietarios lo perdieron todo. ¿De qué tamaño son las pérdidas…?

Aquí la columna completa

Rapiña sísmica en Morelos

La columna Bajo Reserva publicada en El Universal, señala que en momentos en los que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se encuentra en el ojo del huracán por las críticas sobre el acaparamiento de la ayuda que la sociedad civil entrega para ser repartida a los damnificados, y de que esta desconfianza ha motivado que ciudadanos de diversos estados acudan a entregar en persona el apoyo a las víctimas, el comisionado de Seguridad Pública del gobierno de don Graco, Alberto Capella, dijo que aquellos que realizan “turismo sísmico”, complican las labores de protección civil. Con tremenda delicadeza y sensibilidad ante la solidaridad de la sociedad civil, don Alberto dijo que los más adecuados para entregar la ayuda son los miembros del DIF estatal y municipal. El problema es que el sensible comisionado no toma en cuenta que es precisamente esta dependencia la que está señalada de realizar rapiña sísmica. No me ayudes comisionado, seguramente dirá el gobernador.

En la mira, funcionarios que lucran con el sismo

La Procuraduría General de la República, por medio de la FEPADE, nos aseguran, tiene ya en la mira a algunos funcionarios de gobiernos como los de Chiapas, Morelos y Oaxaca, y en la Ciudad de México, el de la delegación Coyoacán. Nos dicen que se atienden denuncias por el acaparamiento de despensas y ayuda para los afectados por el sismo. Nos comentan que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, al mando de Santiago Nieto Castillo, en cualquier momento podría actuar contra los funcionarios que han lucrado con la ayuda a cambio de apoyar posteriormente en elecciones a los partidos a los que pertenecen.

Aquí la columna completa

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, sostendrá esta tarde un encuentro con los coordinadores de las ocho fracciones legislativas, con el fin de darles a conocer el dictamen que descarta daños estructurales en el Palacio de San Lázaro y allana el reinicio de las actividades parlamentarias mañana mismo.

El receso obligado tras el sismo del pasado martes mete doble presión a los diputados federales, que ahora tienen tan solo 25 días para dictaminar y aprobar la Ley de Ingresos 2018, previa comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para exponer los alcances del paquete económico.

Que por más protocolos que se ensayaron en 32 años después del sismo de 1985, parece que nadie imaginó que habría que levantar gran cantidad, quizá miles, de peritajes solicitados por los afectados por el segundo 19/S.

En tanto, a pesar del apoyo que han ofrecido la UNAM, el IPN y los colegios de Ingenieros y Arquitectos para evaluar daños, el aporte ha sido insuficiente y capitalinos afectados permanecen en la calle porque no hay quién dictamine pronto si pueden regresar a sus hogares.

Que el gobernador Graco Ramírez dio a conocer la creación de un fideicomiso plural para la reconstrucción de Morelos, el cual estará bajo la observación de Transparencia Mexicana.

Aquí la columna completa

Sobre Redacción Ángulo 7

Redacción Ángulo 7

El equipo de Redacción del portal de noticias Ángulo 7 busca que la información sea clara y concisa.

x

Check Also

PrimerPlano-LoQueDicenLasColumnasDe-Mexico

El acuerdo de AMLO con PES y el truco de “El Bronco” para tener firmas

El Frente, la propuesta a Mancera Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada ...

PrimerPlano-LoQueDicenLasColumnasDe-Mexico

¿Moreno Valle negoció con Anaya? y campaña panista se roba logo

El Frente, los pactos secretos Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en ...