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La imperiosa necesidad de reformar los ministerios públicos

Los ministerios públicos federales y estatales son ineficientes y poco eficaces para coadyuvar en la impartición de justicia en nuestro país. Los procedimientos para la investigación y persecución de los delitos están atados a estructuras obsoletas, mal apoyadas desde la construcción del presupuesto que los congresos les destinan, y además han estado ligados fatal e históricamente al poder del presidente y de los gobernadores en turno. En el caso de los ministerios públicos estatatales este control es más poderoso aún, pues los gobernadores suelen controlar fácilmente a los congresos locales por lo que pueden imponer procuradores y fiscales a su gusto . El presupuesto que se les asigna a las procuradurías y a los ministerios públicos también está sujeto a las veleidades y caprichos de los gobernadores. Ahí están los intentos de Duarte en Veracruz y de Borge en Quintana Roo de imponer fiscales transexenales que les garantizaran impunidad. En Puebla el ex-gobernador Moreno Valle no tuvo ningún problema en nombrar y dejar como fiscal hasta 2022 a quien fuera su procurador durante todo su sexenio. La crítica no es contra la persona especifica, sino contra el marco jurídico utilizado para elegirlo .

Reformar los ministerios públicos y lograr su verdadera autonomía es una asignatura pendiente que como país no podemos postergar. La semana pasada mucho se movió política y mediaticamente el tema con el pretexo del procedimiento para nombrar al futuro fiscal de la nación, pero de hecho y desde hace mucho tiempo, la sociedad civil desde diferentes frentes ha construído propuestas inteligentes y sensatas para reformar los ministerios públicos y la figura de los fiscales. Cito partes del interesantísimo articulo de ayer de Juan Pardinas en el periódico Reforma titulado Mapa de ruta:

“Elminar el pase automático en la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República es una condición necesaria pero insuficiente en el proceso de construcción institucional. Esta semana, un grupo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil entregó al Senado un proyecto de dictamen constitucional para refundar o reformar el Ministerio Público federal. La propuesta de los colectivos #PorUnaFiscalíaQueSirva y #VamosPorMás no es resultado de un acto súbito de improvisación sino un ejercicio de construcción analítica que implicó un año de trabajo. La Barra Mexicana de Abogados, con la activa participación de su presidente José Mario de la Garza, jugó un papel clave en construir puentes entre las distintas posturas de los grupos técnicos.
El acuerdo político que destrabó la crisis en la Cámara de Diputados simplemente reforma el artículo transitorio de la Constitución referente al pase automático del procurador, pero deja intacta la arquitectura institucional de la nueva Fiscalía General que está contenida en el Artículo 102 de la Carta Magna. Este artículo tiene tantas lagunas y deficiencias que en los archivos del Senado hay al menos nueve iniciativas distintas para reformar el parto, la infancia y el desarrollo vital de este cuarto Poder del Estado mexicano, con capacidad de persecución penal. La iniciativa construida desde la sociedad civil recuperó las mejores ideas y argumentos de estos nueve proyectos, de los principales partidos políticos….”

“La propuesta de Vamos por una fiscalía que sirva añade criterios de autonomía política al cargo de Fiscal General de la República: 1) no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación, y 2) no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación en algún partido político en el mismo periodo. Estos requisitos no tienen el afán de sacar a una persona específica de la carrera por la Fiscalía sino de forjar una distancia razonable con la política partidista. Para evitar que el Fiscal General quiera usar su cargo como trampolín electoral, también se agregó un impedimento para que al final de su gestión no se pueda postular a un cargo de elección popular. En un país con instituciones débiles, un fiscal autónomo con ambiciones políticas puede resultar tan riesgoso como un procurador subordinado al ajedrez presidencial.

Tal y como está hoy la Constitución, el Fiscal General permanecerá en su cargo por nueve años. La idea de un periodo largo de gestión suena bien, pero desgraciadamente no atiende la evidencia histórica. Como lo manifiesta la exposición de motivos de la propuesta de la sociedad civil, desde la promulgación de la Constitución de 1917, 39 personas han encabezado el Ministerio Público de la Federación. El promedio de tiempo que han aguantado en el cargo es de dos años y medio. Sólo cuatro procuradores han permanecido la totalidad del sexenio presidencial en que fueron designados, el último en tiempos de Miguel de la Madrid. Con esta acumulación de evidencia histórica, se propone reducir de nueve a seis años el periodo del fiscal, pero que su gestión quede desfasada de los sexenios presidenciales….”

El cargo de fiscal no será sujeto a reelección. “

Hasta ahi la cita.

#Vamos Por más y #Por una Fiscalía que sirva han hecho una propuesta extraordinaria que debiera caer como cascada en los estados para reformar también las leyes de las que derivan las fiscalías locales, tan urgidas de legitimidad, de un presupuesto sólido que los fortalezca y de una verdadera autonomía.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

Sobre Verónica Mastretta

Verónica Mastretta

Licenciada en Relaciones Internacionales (UDLAP), ha sido Consejera Nacional de la Comisión para el Desarrollo Sustentable, Regidora presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, integrante de la Unión de Grupos Ambientalistas así como de la asociación Participación Ciudadana.

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