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República Democrática del Congo: entre la violencia y crisis política

República Democrática del Congo: entre la violencia y crisis política. Foto: PresaLatina

Luego que el presidente Joseph Kabila se negara a dejar el poder el año pasado, se ha desatado una seria crisis política y un ascenso de la violencia debido a la inconformidad de la población, el uso de la fuerza estatal y de los grupos armados.

En los últimos días, la República Democrática del Congo ha ganado la atención de la comunidad internacional debido al descubrimiento de fosas comunes y los cuerpos de investigadores de ONU que habían desaparecido.

La Monuc (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) ha señalado que se “una seria preocupación por las restricciones impuestas a su libertad de movimiento por las fuerzas de seguridad en Kananga y el resto del país”.

Lo anterior, sucede debido a que Joseph Kabila, quien se encuentra en la presidencia desde el 2001, no ha querido abandonar el poder ya que la constitución no le permite reelegirse un mandato más, por lo que ha retrasado las elecciones, previstas para finales de 2016.

En ese mismo año, la provincia de Kasai fue escenario de una revuelta social contra el poder central, en respuesta a la convocatoria de su gobierno local presidido por Jean Pierre Pandi Kamuina Nsapu, quien perdió la vida en uno de los enfrentamientos en manos de la policía nacional, lo cual causó un aumento en la violencia.

400 personas muertas y 600 mil desplazadas

Eso, sumado a los grupos armados locales y la inconformidad de la población congoleña, provocó, de acuerdo con el centro de noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 400 personas perdieran la vida y 600 mil se hayan visto obligadas a convertirse en desplazados internos.

A partir de ese momento, se han presentado protestas a lo largo del país, ya que la sociedad ha exigido que la comisión electoral convoque a nuevas elecciones.

Sin embargo, las manifestaciones han sido dispersadas por las autoridades con gas lacrimógeno y disparos, lo que, de acuerdo con Human Rights Watch, ha quitado la vida a 56 personas tan sólo en septiembre del año pasado. Además, cada protesta se distingue por acompañarse de interrupciones de servicios de telecomunicación.

La misma instancia protectora de los derechos humanos ha afirmado que, desde 2015, se han presentado casos de arresto arbitrario de activistas y líderes de la oposición, como también la imposición del cargo de terrorismo a disidentes.

Calla a la prensa

El propio Kabila ha aseverado en más de una ocasión que aquellos con pretensiones presidenciales son responsables de “comprometer la seguridad nacional”, así como ha cesado de sus funciones a los medios de comunicación cercanos a la oposición para evitar que pudieran comunicar noticias no afines con su administración.

Frente a todo lo descrito, con antelación, la ONU se mostró en contra de la situación, motivo que la llevó a reforzar la Monuc y, a convocar tanto a la gestión de Kabila como la oposición a una mesa de diálogo.

Resultado de ese encuentro, el 31 de diciembre del 2016 se firmó el acuerdo de Kinshasa, que llama a realizar las elecciones presidenciales y legislativas tanto a nivel nacional como a nivel local a más tardar diciembre de 2017 y que ha sido retrasada su puesta en marcha, según asegura la ONU.

De ese modo, en marzo de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU determinó que la presencia de Monuc se extendería hasta marzo de 2018.

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