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Denuncian 40 organizaciones y especialistas cooptación del nuevo Instituto de Transparencia

Mónica Camacho/La Jornada de Oriente

Una veintena de organizaciones de la sociedad civil y un número similar de especialistas denunciaron la posible cooptación del nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, debido a que el proceso de selección de comisionados que lleva el Congreso de Puebla se encuentra “viciado de origen”.

Todo apunta, advirtieron en un posicionamiento, a que se seleccionará perfiles cercanos al gobierno del estado, que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas, como ha sucedido en los últimos tres procesos de designación.

Señalaron que la convocatoria emitida el 25 de noviembre pasado contempla plazos insuficientes para la presentación de las candidaturas y los periodos establecidos para la evaluación de los perfiles son reducidos, “lo que abre la posibilidad de que los aspirantes carezcan de la experiencia requerida”.

No hay condiciones necesarias para que los nombramientos cuenten con legitimidad, lo que generará desconfianza ciudadana y nulificará la independencia de ese órgano constitucionalmente autónomo, concluyeron los inconformes, entre quienes se encuentra el Nodo de Transparencia de Puebla, México Evalúa, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias A.C., la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y Artículo 19.

Con reforma protege Congreso “régimen de opacidad”
Los representantes de la sociedad civil explicaron que el proceso se encuentra viciado de origen debido a que el Congreso tenía que renovar el cargo de uno de los comisionados, no de los tres, para lo cual debió emitir la convocatoria durante la tercera semana del mes de octubre.

La omisión de dicho procedimiento bajo el argumento de que se estaba analizando una iniciativa de reforma constitucional en materia de transparencia, presentada la semana posterior al plazo establecido para la convocatoria, constituyó una violación a la ley aprobada por el propio Congreso el pasado 4 de mayo, acusaron.

En ese contexto, concluyeron que la enmienda -realizada al artículo 12 de la Constitución— “sólo tuvo por objeto proteger el régimen de opacidad que ha existido durante la presente administración”.

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