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Del blindaje de 15 años a magistrados y del pacto RMV-PRI

De amparos en puerta y panistas que cambian de candidato rumbo al 2018

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que en el trascurso de los próximos días se presentará un amparo para echar abajo el nombramiento de uno de los cinco integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, en virtud de que no acreditó —como se establece en las bases de la convocatoria emitida por la LIX Legislatura del Congreso del estado— conocimientos en la materia.

Dos son las intenciones del amparo que será promovido por el Centro de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo. Uno es dejar sin efecto el nombramiento del consejero Alfredo Perea Huerta, buscando que el procedimiento se reponga para que otro de los aspirantes que participaron en el proceso ocupe su lugar.

Y segundo: dejar constancia de la subordinación que guardan los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso (Sergio Salomón Céspedes, María Evelia Rodríguez, María del Rocío Aguilar, Patricia Leal Islas, Leobardo Soto Martínez, Maiella Gómez Maldonado y Julián Peña Hidalgo) frente a los vetos y dictados del Ejecutivo.

Previo al juicio de amparo, se requirió al Congreso del estado copia de los expedientes y curriculum vitae de los cinco consejeros designados en la sesión del 13 de septiembre, y en ellos consta que el abogado Alfredo Perea, quien actualmente se desempeña como secretario del Consejo Directivo de la Canacope, no acreditó —ni siquiera con un curso— conocimientos en materia de derechos humanos.

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El blindaje de Moreno Valle, otros 15 años

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que el Señor de los Cerros aprovechará la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción para blindarse por 15 años, al crear el Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos tres magistrados serán nombrados por el propio gobernador y con ello, garantizará un organismo a modo que lo protegerá a capa y espada.

Hay que recordar que el Moreno Valle, para cuidarse las espaldas, una vez que deje el poder, también mantendrá el control de la Fiscalía General del Estado, del Instituto Electoral y de la Auditoría Superior, los cuales controlará al menos siete años más.

Lamentablemente el Revolucionario Institucional se ha dormido de nuevo, ya que deja que la Procuraduría General de la República denuncie a los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo por aplicar prácticas transexenales, pero descuidó el tema de Puebla, donde se hizo lo mismo.

El Tribunal de Justicia Administrativa con jueces por 15 años, por lógica no va a fallar en contra de algún miembro del morenovallismo y desestimará los casos señalados.

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Evidente pacto entre el PRI y Moreno Valle para no combatir la corrupción

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que con las últimas aprobaciones que habrá en el Congreso local –de aquí a fin de año– queda evidenciado que de punta a punta en el actual sexenio que está por fenecer, siempre hubo un acuerdo de protección a la corrupción, a la impunidad, a los excesos de poder, entre el PRI y el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Sólo eso explica la ausencia casi total de castigos a los cohechos ocurridos en el marinismo y el morenovallismo.

Los nulos resultados en el combate a la corrupción son una prueba de que si hubo una elección negociada en 2010, entre Moreno Valle y la cúpula del PRI poblano de ese entonces, ya que solo eso explica porque a lo largo del sexenio que concluye en tres meses y medio no se tocó al grupo político marinista.

Y viceversa, a lo largo de estos seis años legisladores y dirigentes del PRI no han sido un obstáculo a los excesos de poder de los morenovallistas. Ahora los diputados tricolores están listos para dejar aprobado –en este año– un andamiaje jurídico anticorrupción que está construido para dar impunidad al grupo del gobernador saliente.

La actitud complaciente del PRI con Moreno Valle –desde finales de 2013– ya no fue resultado de una negociación con Mario Marín Torres, sino entre el gobierno morenovallista y Los Pinos.

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