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Padres acusan a Sedif de entregar CAIC a particular; interponen denuncia

Padres acusan a Sedif de entregar CAIC a particular. Foto: Ángel Flores - EsImagen

Padres acusan a Sedif de entregar CAIC a particular. Foto: Ángel Flores – EsImagen

Por el presunto delito de fraude, padres de familia de la colonia Insurgentes Oriente, denunciarán a la directora del preescolar “Insurgentes”, el cual –aseguran— era un CAIC y el Sedif se lo entregó, “privatizándolo”.

Los afectados denunciaron que hasta el año 2011, el lugar funcionó como un Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CAIC), con la clave 21EJN0340Q, mismo que “de un día para otro el DIF del estado lo privatizó”, entregándoselo a Elsa Castillo Ramírez, actual directora del preescolar Insurgentes.

A través de un boletín de prensa del Movimiento Alternativa Social (MAS), explicaron que el predio del preescolar –antes CAIC “Insurgentes”–, fue donado en el año 1980 por Salvador Salinas González, para utilidad pública, según consta en documentos oficiales ante la Notaría Pública número 10 de Puebla.

Agregaron que a lo largo de 32 años, los vecinos, a través de cooperaciones voluntarias, pagaron por la construcción de la escuela, ubicada en la calle Mariano Abasolo número 95 de la colonia Insurgentes.

Además de que recibieron el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien le otorgó una clave para matricular a los menores, y desde entonces se hicieron cargo de los gastos que se generaron, desde el mantenimiento del inmueble hasta de pagos como luz y agua.

Cobros excesivos

Sin embargo, aseguraron que en 2011 Castillo Ramírez, decidió dar por terminada la relación con el DIF del estado y ahora cobra cuotas de inscripción y colegiaturas “excesivas”; además de que perdió la clave de la SEP, por lo que al concluir el ciclo 2015-2016 no entregó ningún documento que permitiera validar los estudios y así, pudieran los menores continuar sus estudios.

Explicaron que la directora se escudó al asegurar que ella “cuenta con un permiso para hacer usufructo del terreno”, aun cuando se trata de un predio comunal.

Por ello, exigieron la devolución del predio comunal y la intervención de las autoridades estatales, tanto de la SEP como del DIF, para evitar un conflicto mayor.

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