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Con nueva ley, funcionarios publicarán patrimonio antes de noviembre

Por Alejandra Olivera

Hasta el 5 de noviembre, las dependencias tendrán como plazo para subir su información pública de un año previo, como son la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y lista de trabajadores.

Lo anterior, luego de que este miércoles se aprobó con 38 votos a favor y uno en contra, en el Congreso local, la nueva Ley de Transparencia.

Después del plazo de seis meses, los sujetos obligados –ahora nueve– tendrán que actualizar su información cada tres meses; en caso contrario se harían acreedores a sanciones por parte del nuevo Instituto de Transparencia, que suplirá a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

Entre la información que deberán publicar en la plataforma nacional digital son la versión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios,  remuneración bruta y neta de los servidores públicos, lista de trabajadores de base y de confianza, contratos de servicios profesionales por honorarios, gastos de representación, programas de subsidio y estímulos de apoyo, bolsa destinada a comunicación social y publicidad, información sobre licitaciones y adjudicaciones, así como los ingresos recibidos por cualquier concepto.

Esta ley aumenta de 24 a 49 las obligaciones para las autoridades, reduce de 16 a 12 las causales de reserva, que sólo será por 5 años, además se elimina la ratificación de la queja.

Con esta nueva ley deberán rendir cuentas los fideicomisos, fondos públicos, así como personas físicas, morales y sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos, cualquier autoridad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de órganos autónomos, partidos políticos, autoridades administrativas, jurisdiccionales y electorales, ayuntamientos e instituciones públicas.

Asimismo, la nueva norma plantea la prueba de daño y de interés público y un índice de los expedientes clasificados como reservados, que sólo pueden ser los que obstruyan la prevención o persecución de los delitos y procedimientos para aplicar sanciones a servidores públicos.

También, incluye un Consejo Consultivo que estará integrado por tres ciudadanos expertos en transparencia que ayudarán a revisar el actuar de las dependencias.

 

Quezada crítica premura en legislación

El voto en contra fue de la diputada perredista, Socorro Quezada Tiempo, porque señaló que su bancada no consensó con ella la iniciativa y también porque se aprobó un día antes del plazo final, pese a que tuvieron un año para cumplir con la obligación.

“Siempre nos toman las carreras, mañana se vence el término (…) la semana pasada se presentó la iniciativa y hacen correr a las universidades y al Nodo de Transparencia para que hagan sus propuestas. Son las formas, compañeros. Votaré en contra no por el contenido, es el más adecuado, pero mi voto va a ser en contra por las formas”, acotó desde la tribuna.

Por su parte, la diputada panista Patricia Leal Islas aseguró que la iniciativa fue producto de un consenso en el que participaron organizaciones civiles y escuelas.  

Indicó que el Legislativo de Puebla se convirtió en la décima entidad en armonizar la ley, ya que este 5 de mayo concluirá el plazo.

Finalmente, aseguro que la normativa fue un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, Legislativo, y tomó en cuenta las aportaciones de voces expertas.

 

Foto: Especial

Sobre Jaime Iván Cruz @JaimeIvanCruz

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Web master y diseñador del portal de noticias Ángulo 7 desde mayo de 2015.
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