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Quedará a deber la Ley de Transparencia de Puebla respecto a la federal

Rodolfo Ruiz/La Corte de los Milagros/e-consulta

Este lunes fueron citadas en el Congreso del estado algunas ONG que tienen como misión la transparencia y la rendición de cuentas para que se les presente el documento que servirá de base para armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla a la normativa federal.

La iniciativa, cuya paternidad es incierta, no cumple con los criterios de la Ley General de Transparencia que se aprobó el 4 de mayo de 2015, amén de que en diversos artículos queda a deber en comparación con la legislación federal.

Aquí algunos ejemplos:

La Ley General, en su artículo 70 fracción XXIII, señala como obligación de transparencia para los sujetos obligados informar sobre “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial”, mientras que en la iniciativa poblana se elimina el concepto de publicidad. La fracción XI del artículo 11 sólo refiere la obligación de informar del presupuesto asignado a comunicación social desglosado por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto de campaña.

Lo mismo pasa con fracción XXVII del mismo artículo. Mientras la legislación federal establece que las entidades federativas y sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada la información referente a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, la vigencia, el tipo, los términos, las condiciones, el monto y las modificaciones, la iniciativa poblana generaliza evadiendo los casos particulares o específicos por el concepto de listado de concesiones, permisos, autorizaciones, arrendamientos, etc., etc.

Un rubro donde la opacidad de la iniciativa poblana es muy evidente es el relativo a los contratos de licitaciones públicas. En la Ley General se dice que los sujetos obligados deben proporcionar en los casos de adjudicaciones directas, por invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, el contrato y los anexos. Sin embargo en el proyecto local esta información se restringe al número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o ejecución de los trabajos o servicios.

La información sobre los gastos de representación y viáticos del gobernador y los secretarios de su gabinete, así como de los diputados y magistrados está vedada en la iniciativa local. Esta obligación, según el proyecto de armonización que este lunes será presentado, sólo aplica a partir del nivel de director o su equivalente, a diferencia de la Ley General que abarca a todos los sujetos obligados.

Una cuestión que también levanta suspicacias son las excesivas causales de reserva de información pública y el amplio espectro de información confidencial que contiene la iniciativa en comparación con la Ley General.

El documento incorpora como causales de reserva aquellas que “causen daño o perjuicio irreparable a las funciones públicas, comprometa la estabilidad, la gobernabilidad”, o la información que pueda poner en riesgo “los bienes” de un sujeto obligado o de su familia, cuestiones que no están consideradas en la legislación federal.

La iniciativa poblana también incorpora como información confidencial aquella que estando en manos de sujetos obligados garantiza la tutela del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, conceptos que no están en la Ley General.

Dos aspectos adicionales de opacidad en el documento son el cambio en la modalidad de entrega de la información solicitada, siempre a conveniencia del sujeto obligado y no del solicitante a quien corresponde elegir el medio en el que desea la información; y la llamada consulta directa mediante la cual se presiona a los ciudadanos a acudir personalmente a las oficinas, táctica recurrente en Puebla para obstaculizar el acceso y desincentivar el ejercicio del derecho a la información pública.

EN CORTO

El asunto de los anuncios espectaculares podría traer más cola de la que algunos piensan. Sólo es cuestión de hacer cuentas.

Para nadie es un secreto que por cada anuncio de la candidata del PRI, PVEM y PES, Blanca Alcalá Ruiz, hay por lo menos 10 del abanderado de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad.

Oficialmente la priísta Blanca Alcalá sólo cuenta con 48 anuncios espectaculares en la zona metropolitana de Puebla.

Suponiendo que por paquete la compra de esos espacios publicitarios fuera de 40 mil pesos por dos meses de campaña, lo cual es un súper precio, Blanca Alcalá y el PRI estarían gastándose en esos anuncios casi 2 millones de pesos, es decir el 5.7% del tope de campaña fijado en 35 millones 851 mil pesos.

Haga ahora la cuenta del gasto que podría estar realizando el equipo de campaña de Gali Fayad sólo en anuncios espectaculares ubicados en la zona metropolitana de Puebla y saque usted sus conclusiones.

***

Entre los directivos y socios de empresas de anuncios espectaculares no han caído nada bien las presiones de la autoridad para que no alquilen sus estructuras o vallas a candidatos o partidos contrarios al morenovallismo.

Se sabe que hace unos días un partido político que forma parte de la coalición que apoya a Blanca Alcalá buscó contratar algunos anuncios a Grupo Laguna Espectaculares, Grupo JV, Vimayek y otras empresas con estructuras en la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico pero que no se los rentaron pese a tener espacios disponibles.

La razón es que no quieren ser presionados o sancionados por la SDRSOT o los ayuntamientos de la zona metropolitana solo por subir en sus estructuras propaganda de la candidata priísta a la gubernatura de Puebla.

Estas mismas empresas, por cierto, han comenzado a correr la voz de que la mayor parte de las estructuras de anuncios espectaculares están vinculadas a personajes clave del morenovallismo como Marcelo García Almaguer, Eduardo Torres Chedraui, Gerardo Islas Maldonado y Sergio Riquelme Novoa.

Para mayor información:http://archivo.e-consulta.com/blogs/corte/?p=8105

 

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