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Gobierno estatal ya cumplió recomendaciones de CNDH por Chalchihuapan: SGG

Por Edgar Guzmán Uribe @Edd_g89

El secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que ya se cumplieron las recomendaciones emitidas por la CNDH por el caso Chalchihuapan, por lo que espera que la disculpa pública sea aceptada “con generosidad”.

En rueda de prensa, el funcionario estatal aseveró que el acto efectuado al mediodía de este miércoles estuvo apegado a los estándares internacionales, ya que el gobierno de Puebla “tenía la responsabilidad de aceptarlo y hacerlo en el límite de nuestras responsabilidades”.

“Cuando se ofrece una disculpa pública, hay que hacerlo con sinceridad y la otra parte debe recibirla con generosidad, la parte agraviada debe analizarla y decidir que la acepta, nosotros ya cumplimos nuestra parte con sinceridad y esperamos una respuesta con generosidad”, reiteró.

Asimismo, descartó que dicho acto –realizado 18 meses después de los hechos violentos suscitados en esa demarcación-, se haga con fines electores, pues –dijo– hubo un mandato legal para atender puntualmente lo establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 

Disculpa pública “no fue un acto de voluntarismo político”

Dijo que este acto fue un proceso que llevó tiempo e implicó conciliación, investigación, preparación, diálogo y revisión de los protocolos, por lo que fue un ejercicio que no está ligado a un acto de “voluntarismo político”.

Precisó que si Elia Tamayo Montes y los demás afectados no aceptan la disculpa pública, es un tema que dependerá de la CNDH determinar el procedimiento que seguiría, pues reiteró “hemos dado cumplimiento a la recomendación”.

No obstante, aunque sostuvo que la administración estatal creó un fideicomiso público con los “recursos suficientes” para la reparación del año, no comentó cuál será la indemnización para Tamayo Montes, quien al parecer hasta el momento no ha aceptado lo ofrecido por el gobierno del estado.

Por lo anterior, solo se limitó a decir “esto más que un asunto de recursos, fue un proceso largo de conciliación, porque una vida humana no se puede tasar en pesos, y aquí el criterio fue muy claro, seguir los protocolos internacionales en esta materia y esos fueron los que usamos”.

Finalmente, Carrasco Altamirano señaló que son 17 los servidores públicos a los que se les inicio un proceso administrativo por posibles responsables de los hechos sucedidos el 9 de julio de 2014, los cuales fueron separados de sus cargos y su proceso está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

 

Foto: EsImagen

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