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La hora contra la corrupción

Por José Buendía Hegewsich

Las próximas semanas y meses serán definitorias para conocer la voluntad política de ir a fondo contra la corrupción o seguir en el rejuego del escándalo y la simulación sin que, realmente, nada pase. Ciertamente, una dinámica cada vez más peligrosa por el creciente enojo por el mal uso del dinero público y la merma económica en los tiempos difíciles para el ingreso y hacienda del país. Y el riesgo de que el malestar se atasque en las cañerías del poder o desborden los canales institucionales ante la impunidad.

La oportunidad está hoy en el Congreso, donde se aloja la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción, que gobierno y partidos respaldaron como respuesta a los escándalos de corrupción de la Casa Blanca y otros que salpicaron a miembros del gabinete de Peña Nieto.

La urgencia con la que comenzó su análisis cedió a la parsimonia habitual de la evaluación de los riesgos de la transparencia y la rendición de cuentas. En el arranque del periodo de sesiones, la perspectiva apunta, otra vez, a enfriarlo por falta de consensos sobre temas como las responsabilidades de los funcionarios y el fuero de representantes populares para ser investigados, comenzando por el Presidente.

No obstante, la presentación de la propuesta ciudadana anticorrupción #3de3 detuvo la amnesia y obliga a su discusión. En el Senado se convocó esta semana a un foro para analizar con el gobierno federal, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y de los poderes estatales las implicaciones del Sistema, ya que en efecto sería construir un nuevo leviatán estatal contra la corrupción y la modificación de más de 25 leyes federales y estatales.

Pero la complejidad de los cambios institucionales se vuelve obstáculo infranqueable sin voluntad política. La reactivación del proceso en el Senado es buena señal, aunque ahí mismo se archive el acuerdo político para abrir las partidas de los grupos parlamentarios, gastos en asesores y comisiones bajo el arbitrio discrecional de las bancadas y que deben cumplir por la ley de transparencia.

También, debían abonar al optimismo voces dentro del gabinete de Peña Nieto que dicen que el país no podrá salir adelante sin entrar a fondo a la corrupción, aunque la voluntad tiene que reflejarse en nuevas denuncias de derroches y excesos de gastos de la Función Pública, la encargada de buenas prácticas en el manejo de los recursos.

Y si realmente el problema de la corrupción se aproximara a un “punto de inflexión” en el país, ello se tendría que apreciar en la investigación de fideicomisos estatales para ocultar deuda pública y distraer recursos para el financiamiento ilegal de las campañas como el que se denuncia en Puebla de la empresa Evercore, del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe; o del desvío de más de 35 mil millones de pesos del gobierno de Javier Duarte en Veracruz según la ASF.

Por lo pronto, el hartazgo con la corrupción mantendrá la movilización de organizaciones civiles como el Imco, Fundación Espinoza Iglesias o Alianza Cívica para conseguir medio millón de firmas que eleven el #3de3 al Congreso y mantener encendido el debate. Y, también, se preparan para subir otro peldaño en su combate con amparos y litigios estratégicos de investigaciones que en otros países, como Guatemala, han sido clave para descubrir tramas de corrupción y castigar presidentes.

El convencimiento del peso de la corrupción en la economía y el enojo ciudadano orillan cada vez más al poder político a considerar que resistir los cambios será más costoso que correr los riesgos de la transparencia y la rendición de cuentas. Así se lo están diciendo también los flujos de inversión extranjera, tanto como la investigación y el seguimiento de irregularidades del actual gobierno en la opinión pública internacional, aunque pueden intentar seguir simulando entendimiento.

 

 

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7. 

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