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Medida innecesaria

Por Gustavo Santín 

Hasta pareciera que Aurelio Nuño Mayer descubrió el hilo negro cuando reconoce que para impartir la educación de calidad a niñas, niños y adolescentes, requieren de una gestión eficiente y eficaz, que cuente con los recursos presupuestales indispensables para solucionar los avatares que se presentan en las escuelas cotidianamente.

El plan “La Escuela al Centro”, una de las “siete prioridades” con la que pretende llevar a “buen puerto la reforma educativa”, pareciera no ser mas que más de lo mismo mientras continúe pendiente la modificación de los planes y programas educación básica, media superior y normal.

Nuño reconoce quejas de maestros, seguramente también de maestras, aunque no las mencione, por “la excesiva carga burocrática que les distrae de su verdadera tarea: enseñar”.

Cierto que de golpe y porrazo podría “ordenar”  que los mandos medios e intermedios de la Secretaría de Educación Pública suspendiesen pedimentos de información, con los que justifican su contratación como asesores técnico pedagógicos, supervisores escolares, jefes de sector, jefes de proyecto, jefes de unidad, subdirectores y directores de área.  Sin embargo, y si esto fuese cierto, la carga burocrática que les endilgan al personal docente con cargo algún programa institucional no desaparecería y sólo sería suplida por la que ahora adicionalmente les endosa el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), entre la que destacarían, la elaboración de un portafolio de evidencias “que demuestre cómo planea y cómo evalúa”, la recopilación de “evidencias” que muestren el avance de los alumnos a través de sus cuadernos y materiales de estudio, sostener entrevistas con los padres de familia, filmar alguna de sus clases que exhiban su desempeño en el aula frente a grupo, todo en el contexto del proceso de la evaluación al desempeño docente. 

Pero y así como la descarga de las tareas burocráticas impuestas al personal docente por instrucciones de las oficinas centrales y locales de educación, tendría visos de ser tan sólo una falacia, la participación de los padres y de las madres de familia seguiría la misma ruta y quedaría constreñida sólo a las cuestiones que hasta ahora les son propias en el ámbito escolar; emitir opiniones por intermedio de los consejos escolares de participación social y aportar “cooperaciones en numerario”, (incisos II y III LGE) a través de las cuotas obligatorias que les imponen las autoridades educativas escolares investidas de aportaciones voluntarias, la entrega de “bienes y servicios” lo mismo que la realización trabajo comunitario, quedándoles vedado, como antaño, el intervenir en cuestiones técnico pedagógicas y laborales como establece el segundo parágrafo  del inciso V del artículo 67 de la Ley General de Educación (Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.) y el artículo 53 del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia.

Marginales en toma de decisiones estratégicas de los planteles escolares a los que asisten sus hijos, condenados por Aurelio Nuño Mayer solo a “decidir de manera colectiva en qué gastar el dinero, así sea para arreglar un vidrio roto o para comprar materiales educativos”, padres y madres de familia seguirán encontrando la “manera de involucrarse activamente en las escuelas” incluso por la vía de la movilización social, demandando -entre otras cuestiones- contar con maestras y maestros suficientes al inicio de ciclo escolar, contar con la infraestructura adecuada, suspender la entrega de las aportaciones voluntarias.

Carga burocrática adicional para las escuelas, la “autonomía de gestión”, a más de justificar la contratación de un subdirector de gestión escolar y de un subdirector académico que no presentarán ni una evaluación de ingreso o de promoción al margen de los dispuesto en las ordenanzas de la Ley General del Servicio Profesional Docente, sentencia al colectivo docente a realizar tareas menores como podrían ser la “elaboración de una ruta de mejora”, que incluya la organización interna, hacerse cargo del consejo técnico escolar y del consejo de participación social, comprar vidrios o reparar bancas, pagar “la renta, el teléfono y la luz” y adicionalmente el internet, gestionar recursos entre ellos los que aportan padres y madres de familia, hacerse cargo de programas como los de  “Atención a la diversidad y Prevención del abandono y rezago”, pastorear -organizar- a los padres y madres de familia como si fueran menores de edad, quedando en manos de la burocracia central temas relevantes, trascendentes como la definición de los planes y programas de estudios, reservado a la federación por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diseño de los contenidos curriculares, la elaboración (preescolar y primaria) y/o la elección de los libros de texto (secundaria y media superior), la formulación de “Políticas y normas generales”  lo mismo que la definición de “Estructuras y normas de operación” y los tan cuestionados “Procesos de evaluación” (http://basica.sep.gob.mx/autonomiadegestion.pdf). 

Medida de una reforma administrativa que se suma a la laboral, la iniciativa “de reforma al artículo 51 de la Ley General de Educación para permitir modificaciones en la estructura del calendario escolar”, con la que Nuño pretendiera lograr un uso mas eficiente del tiempo que debería dedicarse en las escuelas a los procesos de enseñanza aprendizaje, resultaría innecesaria si tan solo ordenara que la entrega de calificaciones para la elaboración de boletas y certificados se realizara a mediados del mes de julio y no al inicio de junio, y si impidiera que con cualquier pretexto y a petición de las direcciones de los niveles, se suspendieran las clases con motivo de la realización de sesiones extraordinarias de los consejos técnicos y de los consejos de participación social de zona.

Entregar “calificaciones” 25 días hábiles antes de que concluya el ciclo escolar, relaja la enjuncia con la que niños, niñas, jóvenes, maestras y maestros se venían desempeñando, provoca ausencias de menores en los planteles escolares pues todo mundo sabe que ya se entregaron calificaciones y evita que esos días se destinen a actividades más productivas o al ocio recreativo. Nuño debería laborar, por lo menos, un año en una escuela pública para que conociera realmente su materia de trabajo.

 

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7. 

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