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Juez federal ordena restitución de inmueble desalojado: Reddh

Por Redacción

El Juez Federal ordenó la restitución del inmueble de Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, tras “la evidente violación a los derechos humanos por el desalojo forzado” por parte del juez Ismael De Gante López.

Así lo señaló la Red de Defensa de los Derechos Humanos “Dignidad, Justicia, Libertad” (Reddh), que agregó que el pasado 30 de noviembre se notificó la sentencia del juicio de amparo 1866/2015 al juez De Gante López, que señaló: “el juez responsable deberá dejar insubsistente la orden de lanzamiento y la ejecución de la misma, de modo tal que se restituya en la posesión de dicho inmueble a Bonilla Dumit, a fin de restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de derechos fundamentales; suspenda el procedimiento y una vez que resuelve el incidente planteado, proceda conforme a derecho”.

No obstante, agregó que “de manera perversa y ventajosa” un día después de que es notificado del amparo concedido, el Juzgado l2 Especializado en Materia Financiera notificó a los afectados la resolución del incidente de oposición a ejecución de sentencia como no probado, “pretendiendo así no dar cumplimiento a la sentencia de amparo”,  añadiendo “de manera cínica”:

 

Interponen quejas administrativas

Informó que están por resolverse dos quejas administrativas, una en contra del diligenciario José Martín Salazar, adscrito al juzgado décimo segundo, quien amenazó a Israel Sampedro Morales con llevárselo detenido si grababa la diligencia que llevó a cabo fuera de los preceptos legales.

La otra es la queja administrativa contra del Juez Ismael De Gante López por no sujetar su conducta conforme a la ley, tal como ha sido señalado por el Juez de Distrito.

Señaló que en nuestro país los criterios jurídicos respecto a la vivienda están enfocados al ámbito comercial, lo cual niega categóricamente su cumplimiento como derecho humano.

Cabe mencionar que el pasado 12 de agosto, se llevó a cabo el lanzamiento y la Reddh denunció ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, un desalojo forzado.

 

Editado por Carmen Sabina Garcés Bonilla

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