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Por un pasado con justicia

Por Marco Rovira 

México es un país con sed de justicia. Ante este hecho es lamentable que la mayoría de las veces esta necesidad de los ciudadanos no logra saciarse, aunque de vez en cuando ocurren cosas que nos dan un poco de esperanza en este sentido.

Lo anterior viene al caso a raíz de que el domingo pasado se hiciera público que la Comisión de la Verdad de Oaxaca ha citado a comparecer a una serie de funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles, como parte de una investigación a fondo de los hechos ocurridos en ese estado en el año 2006, en el cual tuvieron lugar los enfrentamientos entre la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y fuerzas estatales y federales.

Entre los llamados a comparecer, están el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz; la exprocuradora general de justicia de ese estado en aquel entonces, Lizbeth Caña Cadeza; el expresidente Vicente Fox Quezada; así como su sucesor Felipe Calderón Hinojosa; la exdelegada de la Cruz Roja de Oaxaca, Beatriz Quintanar; por citar sólo algunos nombres.

Esta Comisión creada en el año 2013, y encabezada por el padre Alejandro Solalinde, ha hecho una labor extraordinaria y valiente, encargándose de la búsqueda de la verdad histórica sobre la brutal represión a la que fue sometido este movimiento de resistencia popular, documentando una lista de violaciones graves a los Derechos Humanos que tuvieron lugar en ese entonces, tales como uso desmedido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, tortura de distintos tipos, asesinatos, negación de servicios médicos a los heridos, por mencionar solo algunos.

La realidad es que por todo México se han suscitado casos emblemáticos de abusos de autoridad, que generalmente conllevan a violaciones graves de los Derechos Humanos más fundamentales de las personas, siendo la impunidad una constante en la abrumadora mayoría de los casos.

El Estado mexicano ha demostrado una y otra vez su negativa a brindar justicia y reparación del daño a las víctimas, como lo ha hecho en los casos de la guardería ABC de Sonora, los migrantes hallados en fosas comunes en San Fernando, Tamaulipas, las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por mencionar ejemplos recientes, pero podríamos inclusive citar casos como la masacre de Acteal en Chiapas en 1997, o la de Aguas Blancas, Guerrero, en el año de 1995, o el mismo 68, para hacer un poco más de memoria. 

Ante la incapacidad o falta de interés del Estado mexicano por atender estos crímenes, ha tenido que ser la sociedad quien se organice y exija el cumplimiento de la justicia. Lamentablemente, estas iniciativas no siempre han llegado a fructificar, como ocurrió recientemente con el intento de juzgar a Ernesto Zedillo por los crímenes de Acteal en una corte de Estados Unidos, o la ocasión en que se buscó iniciar un proceso por el crimen de “genocidio” en contra de expresidente Luis Echeverría Álvarez; sin embargo, esto no significa que debamos tirar la toalla, sino por el contrario, mantenernos constantes en nuestra búsqueda de verdad, justicia, reparación, y garantías de que crímenes semejantes nunca más volverán a ocurrir.

En este sentido la iniciativa de la Comisión de la Verdad de Oaxaca es un paso adelante en esta dirección, mismo que debe ser bienvenido, y cuya importancia no debe quedar desapercibida, esperando que ojalá ejemplos similares se repitan en otros estados para juzgar todo aquello que el peso del tiempo amenaza con dejar impune.

Claro que el camino a recorrer por parte de esta Comisión está lejos de cumplir su cometido, pero el éxito o fracaso de la misma dependerá, entre otros factores, del interés y apoyo que muestren los medios de comunicación, los organismos internacionales de justicia y Derechos Humanos, las autoridades locales, y la sociedad mexicana en su conjunto.

No desperdiciemos –una vez más– esta oportunidad de oro que se nos presenta para demostrar que no somos un pueblo sin memoria, y complaciente con los abusos de sus gobernantes; antes bien, aprovechemos para dejar claro a nuestra clase política y al mundo que nos observa que en este, como en cualquier país democrático, la justicia existe, que se aplica para todos por igual, y que no se paraliza por el paso de los años respecto a los crímenes.

Todo esto es un buen deseo por ahora, pero sabemos que soñar con un futuro mejor no sólo no cuesta nada, sino que nos mantiene con aliento para seguir adelante.

 

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7. 

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