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Síndico de Texmelucan acusa corrupción del edil; recibe amenazas

Por  Carolina Montero

Martha Huerta Hernández, síndico municipal de San Martín Texmelucan, denunció al edil, Rafael Núñez Ramírez, por actos de corrupción al interior del ayuntamiento, por los que, acusó ha recibido amenazas e intimidaciones por parte del alcalde.

 

En rueda de prensa, Huerta Hernández agregó que el edil también dirige una campaña de desprestigio en su contra a base de “comentarios misóginos, descalificativos,  burlas, amenazas intimidaciones, al decirme: ya bájale o nos vamos con todo y como nos toque”, por lo que lo responsabilizó de cualquier afectación hacia su persona.

Entre las irregularidades –dijo–  está el alquiler de las oficinas que ocupa el juzgado municipal, donde Núñez Ramírez negoció un convenio de pago al acreedor por 6 millones 885 mil pesos, cuando la sentencia judicial, señala un máximo de un millón 200 mil pesos.

Agregó que el alcalde hace mal uso del gasto público, ya que solo –señaló– procura su bienestar personal, además de que desayuna y come en restaurantes de lujo, se transporta en una camioneta de lujo, lo cual justifica al decir que es el tercer presidente municipal más importante del estado, resaltó.

 

“Externos gobiernan el municipio”

Señaló que Núñez Ramírez carece “de oficio político, empatía social, personalidad arbitraria, además de ser intolerante” a comentarios externos, cuya actitud –agregó—es respaldada por Sergio Téllez Orozco, exdiputado local del PT y coordinador estatal de dicho partido, y por las hermanas María de Jesús Quintero Padilla y Elia Esther Quintero Padilla, quienes son la contralora y secretaria General del Gobierno municipal, respectivamente.

Los anteriores, aseguró, son quienes gobiernan el municipio de San Martín.

Por su parte, añadió que, para el proceso de recuperación de la unidad deportiva San Damián, en la que durante dos administraciones se sostuvo un juicio legal debido a que una particular demandó ser la dueña y que solo la actual recibió la sentencia –explicó–, el ayuntamiento contrató a una abogada, quien cobró 6 millones 500 mil pesos por sus servicios, “sin garantía de resultado favorable para la administración”.

Por lo anterior, señaló, al mostrarse en contra, el edil ordenó a la contralora municipal, María de Jesús Quintero Padilla, la despojara de la oficina que ocupan los abogados a su cargo y privó del acceso a los documentos de sindicatura, por lo que –dijo—presentará una denuncia ante el Ministerio Público.

 

Foto: Especial

Sobre Jaime Iván Cruz @JaimeIvanCruz

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